Ante consulta por licitación Santiago-Lima, FNE abrió investigación al mecanismo de asignación de rutas y recomienda cambios
Si bien respaldó el proceso desarrollado por la JAC, la Fiscalía apuntó que es necesario modificar la Ley y los reglamentos que regulan estas operaciones, además de “establecer límites adicionales a la adquisición o tenencias de dichas frecuencias”.
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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) respaldó la licitación de las 13 rutas Santiago-Lima que hizo la Junta de Aeronaútica Civil (JAC) en octubre, en la cual Jetsmart perdió nueve de sus 14 frecuencias, mientras que Latam se adjudicó 10 y Sky Airline otras tres.
Sin embargo, en el marco de la consulta que impulsó la aerolínea low cost en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la FNE explicó que pese al espaldarazo a la autoridad hay elementos en la industria que se deben revisar y, por lo mismo, abrió una investigación.
En este contexto, la Fiscalía explicó que “podemos sostener que los cuestionamientos a las bases de licitación, como los efectuados al criterio de adjudicación, constituyen la aplicación de la normativa sectorial vigente y que, por consiguiente, la JAC no cuenta con discrecionalidad para actuar en forma diversa a la que le mandata el ordenamiento jurídico”.
“Las bases de licitación no infringen las disposiciones del DL 211”, indicó la Fiscalía.
Adicionalmente, el organismo puso énfasis en que “las bases de licitación no infringen las disposiciones del DL 211”.
Revisión de la normativa
Aún así, Fiscalía manifestó que existen elementos que le “preocupan” y que deben ser revisados en profundidad desde una perspectiva de libre competencia.
Entre los aspectos que la FNE consideró que deben ser sometidos a observación, apuntó a la necesidad de “recomendar fundadamente modificaciones a la normativa legal y reglamentaria que regula la asignación, uso, abandono y relicitación de las frecuencias aéreas restringidas que han sido asignadas a distintos operadores aéreos, así como la necesidad de establecer límites adicionales a la adquisición o tenencia de dichas frecuencias áreas”.
¿El problema? Según un análisis preliminar, ni la Ley de Aviación ni su reglamento establecen mecanismos para determinar la existencia de uno o más interesados en las frecuencias aéreas disponibles.
Ante la falta de una definición, la JAC históricamente ha utilizado diferentes procedimientos para asegurar una mayor competencia en el sector. Uno de ellos consistía en que una vez obtenidas nuevas frecuencias aéreas, la Junta de Aeronaútica Civil comunicaba a los operadores aéreos los resultados de la negociación para conocer si existía más interés, para luego proceder a la licitación pública.
Por el contrario, en el caso de que la cantidad de aerolíneas interesadas sea menor a las frecuencias disponibles, la autoridad asigna directamente -y de forma indefinida- con la solicitud de cada operador.
En este marco, desde el año 2015 la autoridad aérea ha asignado frecuencias restringidas únicamente mediante licitación pública dado el alto nivel de competencia que se ha generado.
Frente a la evolución que ha tenido el mercado aéreo, la FNE señaló al TDLC que “con fecha al 1 de febrero de 2024 la Fiscalía abrió la investigación bajo el rol FNE N°2755-24.
Visión desde la JAC
La autoridad aérea defendió su licitación en el aporte de antecentes al TDLC: “No puede considerarse como contrario a la libre competencia, ni puede, por tanto, generarle responsabilidad a la JAC en esta sede, la aplicación de normas vigentes, como las de la LAC y del Reglamento”.
Sus argumentos radican en que mediante un fallo de la Corte Suprema, se señaló que las frecuencias deben ser asignadas a la empresa que haya ofrecido la mayor cantidad de dinero por cada una de ellas. “Esto es dar fiel cumplimiento a la legislación vigente”, apuntó.